El departamento de Memoria ya tiene propuestas encima de la mesa para reformar la ley navarra de víctimas del terrorismo. Y algunas de estas propuestas tienen que ver con la posibilidad de ampliar las ayudas para quienes hayan sufrido daños a raíz de atentados o ataques.
El proceso de exposición pública terminó hace algo más de un mes y la propuesta de reforma está dando sus primeros pasos, pero ya lo hace con un camino más o menos marcado. En parte, por las conversaciones que el Gobierno de Navarra ha mantenido con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la única plataforma que ha hecho llegar un texto cerrado al Ejecutivo. Este planteamiento, según reconoce el propio Gobierno en un informe, llegó fuera de plazo y a los días fue retirado por la AVT. Pero la retirada fue una cuestión puramente formal y las propuestas serán tenidas en cuenta por el Ejecutivo a lo largo del proceso, en el que también habrá otras propuestas y margen para negociar.
Ampliar las ayudas, una posibilidad
Hay dos motivos principales por los que la ley, que fue aprobada en 2010, va a ser cambiada. En primer lugar, hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Eso significa tener en cuenta que, desde entonces, el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo reconocimientos de otro tipo de víctimas, sobre todo de violencia policial y ultra. En un informe, el director de Paz y Convivencia aseguraba que la reforma incorporará a la ley un “tratamiento igualitario a las víctimas”, de las que cuidará especialmente su “consideración social”. En segundo lugar, la ley debe actualizarse ya que el Estado, solo un año después, lanzó otra ley de víctimas que es la que marca la cuantía de las indemnizaciones y ayudas.
Tres de los cambios propuestos por la AVT tienen que ver con el régimen económico. La que más impacto tendría propone ampliar la base sobre la que se calcula la cuantía de la ayuda que da el Gobierno de Navarra. Ahora mismo, tal y como está la legislación, quien se hace cargo de las indemnizaciones en caso de que los condenados no respondan es el Estado. Hasta 500.000 € en caso de muerte o 750.000 € si hay una gran invalidez.
Después, Navarra, con fondos propios, complementa con alrededor de un tercio más –aunque esto es variable– las ayudas. La propuesta de la AVT es que esa base sobre la que se aplica el porcentaje sea más ancha, e incluya “todas las cantidades recibidas del Ministerio del Interior derivadas de la condición de víctima del terrorismo con independencia del momento de su concesión”. Otra propuesta de ampliación de ayudas tiene que ver con la sugerencia de que se suprima el grado mínimo de discapacidad –fijado en el 65%– exigido a las víctimas para acceder a las ayudas. Y, por último, que las víctimas queden exentas de pagar las costas procesales en caso de que tengan que hacer alguna reclamación por esta ley.
Materiales escritos y audiovisuales y un censo de atentados
Las otras propuestas formuladas al Gobierno –primero por escrito, y luego mediante conversaciones– van más allá de lo económico. Por ejemplo, la AVT pide suprimir o ampliar los plazos de solicitud de ayudas por parte de las víctimas. O que las políticas de apoyo se apliquen lo mismo a las víctimas de atentados más antiguos como de los más recientes.
La revictimización es otro de los puntos. La AVT considera que vivimos un “momento convulso” que está afectando a algunos de quienes han sufrido ataques terroristas. Para ellos piden atención por parte de “profesionales especializados” además de “medidas complementarias” para minorizar esta revictimización. Entre ellas, campañas de sensibilización dirigidas a medios de comunicación, fomentar la “realización de materiales sobre el terrorismo en Navarra” o “impulsar campañas de sensibilización social”.
La AVT también pide que se cree un censo de víctimas navarras, tanto de fallecidos como de heridos en atentados perpetrados aquí, y que las víctimas tengan las mismas “ventajas” que otro tipo de víctimas, como las de violencia de género, también en el acceso al empleo público. Y, por último, la AVT solicita que la ley explicite la prohibición de celebrar actos o manifestaciones públicas que impliquen humillaciones a las víctimas del terrorismo.
